La última detenida por la venta ilegal de mercadería quedó en libertad, según el fallo de una jueza. Pero eso no es lo más importante: en la audiencia confirmó que las autoridades solicitaron la detención de un empleado del Concejo Deliberante por esta causa.
Rosa Margarita Ibáñez fue aprehendida el sábado en su domicilio de Villa 9 de Julio. En la vivienda secuestraron los víveres que el ministerio de Desarrollo Social entrega a personas carenciadas, organizaciones no gubernamentales y sociales, fundaciones, comunas rurales y municipios.
La auxiliar Julieta Mole, siguiendo las instrucciones del fiscal Ignacio López Bustos, la acusó de encubrimiento, ya que a su entender, sabía cuál era el origen de la mercadería. También solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días al considerar que podía entorpecer la investigación.
Según la hipótesis del Ministerio Público, Ibáñez aprovechó la relación que tenía su yerno para conseguir la mercadería que era destinada a donaciones.
La defensora Agustina Recalde había solicitado que declare ilegítima la detención y el acta de allanamiento porque se habían violado las garantías constitucionales de la imputada. Rechazó además que se le dicte la prisión preventiva porque estaba acusada de un delito que es de cumplimiento condicional.
La jueza Isabel Méndez rechazó el planteo de la fiscalía y ordenó que sea puesta en libertad, aunque seguirá vinculada al proceso.